Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, se planteó la exigencia de una evaluación ambiental de las actividades que pudieran causar impacto negativo sobre el medio ambiente.

La Unión Europea posteriormente aprueba las Directivas 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, y 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Por ello desde el año 1985 se establece la evaluación de impacto ambiental como un instrumento eficaz para la consecución del desarrollo sostenible mediante la consideración de los aspectos ambientales en determinadas actuaciones públicas y privadas.

Las dos Directivas mencionadas se han transpuesto al derecho español. En la actualidad están recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. De forma paralela ha ido surgiendo la necesidad de aplicar el procedimiento de evaluación a planes y programas.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, establece la obligación de realizar una evaluación ambiental de determinados planes y programas, entre los que se encuentran los referentes a la ordenación del territorio y el urbanismo.

La Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente , incorpora en la legislación española la evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica. Esta Ley transpone al ordenamiento jurídico español la mencionad Directiva 2001/42/CE.

La Comunidad Autónoma de Cantabria y con el fin de ejercer sus competencias en materia de medio ambiente y establecer el debido procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el territorio regional, se aprueba la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado .